Arthur Lepic, Red Voltaire  

Luego de haber derrocado al único gobierno del mundo que tenía la intención de no seguir aceptando dólares por sus contratos petroleros, la coalición anglosajona trata de obligar al Irak ocupado a ceder sus ingresos petroleros a las compañías occidentales. Una huelga general del sector petrolero iraquí ha retrasado la firma de los contratos más desequilibrados del siglo.

Empleados de la firma estadounidense Boots & Coots trabajan en un pozo de petróleo Irak (2003).

Cuatro años después de la invasión de Irak por las tropas anglosajonas, Washington, Londres y Canberra tratan de regularizar según la visión del derecho internacional el saqueo que están cometiendo. Las convenciones internacionales son claras: las tropas de ocupación no pueden confiscar en provecho propio las riquezas de un país, sobre todo si se trata de petróleo. En el caso que nos ocupa, luego de un primer período de explotación desenfrenada mediante una empresa privada hábilmente designada con el nombre de «Autoridad Provisional de la Coalición» [1], se le entregó el poder, durante un segundo período, a un gobierno títere atrincherado en la zona verde de Bagdad.

Este tenía una doble función: por un lado, la de crear fuerzas de seguridad capaces de aliviar a las tropas ocupantes, y, por otro lado, la de cerrar los ojos ante la evaporación cotidiana de entre 200 000 y 300 000 barriles de petróleo. Ahora, ha llegado el momento de entrar en un tercer período durante el cual las fuerzas de ocupación podrán poner en manos de los títeres la responsabilidad del orden público y concentrarse en la protección de los pozos de petróleo, mientras que se legaliza el saqueo para las próximas décadas mediante contratos leoninos.

Es en medio de este contexto que una huelga de los obreros del sector petrolero iraquí, emprendida el 4 de junio de 2007, paralizó la principal zona productora del sur del país e interrumpió durante varios días las exportaciones legales de petróleo. Hasta ahora, estas se elevan, oficialmente, a 2 millones de barriles diarios; una catástrofe para las compañías extranjeras si se compara esa cifra con la de 3,5 millones de barriles [NdT: dolares en la traducción] diarios correspondiente a la época anterior a la invasión de mayo de 2003.

Entre sus demandas, además de la anulación de medidas que han empeorado seriamente las condiciones de trabajo y aumentado el índice de desempleo en el sector, la Federación iraquí de sindicatos del petróleo, que representa a 26 000 trabajadores, pide que se le consulte sobre el muy controvertido proyecto de Ley sobre los Hidrocarburos [2]. La Federación reclama también la anulación del aumento generalizado de los precios de los combustibles en el interior del país, medida que empeora una situación económica que ya es difícil para la población.

Los responsables sindicales declaran que están actuando en nombre del pueblo y denuncian específicamente la privatización de los ingresos que el país obtiene de las ventas del petróleo en «condiciones escandalosamente provechosas» para las compañías extranjeras, medida prevista en el proyecto de ley.

Salim Lamrani, Red Voltaire

Venezuela ha concluido el proceso de nacionalización del sector energético anteriormente en manos de empresas transnacionales extranjeras. Con los ingresos de la renta petrolera se ha cancelado la deuda externa pública y se financia las reformas, como la alza de las ayudas sociales. Una política de soberanía nacional y de progreso, en contra corriente de la globalización, que tanto exaspera a Washington.

Refineria de petróleo en Venezuela.

El 1 de mayo de 2007 el gobierno venezolano recuperó su soberanía energética al proceder a la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco, económicamente muy lucrativa y que contiene las reservas mundiales más importantes. De ahora en adelante la empresa petrolera estatal “Petróleos de Venezuela SA” (PDVSA) controlará al menos el 60% de las operaciones de la región. Las multinacionales extranjeras que antes se encargaban de la zona, como la British Petroleum PLC, Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Total y Statoil ASA, podrán participar en la extracción del petróleo pero sólo como socios minoritarios (1).

La apertura petrolera al capital extranjero, que se inició hace más de 10 años, ocasionó al país una sangría económica sin precedentes, con consecuencias sociales desastrosas. Las extraordinarias ganancias de las multinacionales se repatriaban constantemente y no servían de ninguna manera al desarrollo de la nación. Además el estado perdió varias decenas de millones de dólares pues las empresas petroleras privadas no pagaban casi ningún impuesto. En efecto, la tasa sobre las ganancias durante los años 1980 y 1990 era increíblemente baja y no superaba el 1%. A guisa de comparación, a principios del siglo XX, bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez, el impuesto ya era del 3% (2).

“Los gobiernos de la Cuarta República, la elite que gobernó Venezuela en los años 80 y 90 [que] entregó aquellas áreas donde no hay ningún tipo de riesgo para la explotación del petróleo”, son los principales responsables de la expoliación del país y de la violación de la “soberanía nacional”, denunció el Presidente Hugo Chávez (3). “Hemos enterrado 10 años de apertura petrolera”, añadió. En adelante los recursos naturales de la región no se destinarán a enriquecer a los accionistas de las multinacionales sino a construir el “socialismo del siglo XXI”. “Hoy es el final de esa época en la que nuestras riquezas naturales terminaban siempre en manos de cualquiera menos del pueblo venezolano” (4), concluyó el líder bolivariano, agregando que no podía construirse un proyecto nacional si el país no tenía el control de sus riquezas, sus recursos naturales y su economía (5).