Attac

19 de Octubre 2007

El nuevo Tratado aprobado en Lisboa es una versión disfrazada del Tratado Constitucional Europeo (TCE) que los electores franceses y holandeses habían rechazado en 2005.

El 11 de marzo de 2007, los Attacs de Europa hacían públicos sus " 10 principios para un Tratado democrático" , que deberían contribuir a una refundación de la Unión Europea (UE). La lectura atenta del nuevo Tratado adoptado por los Estados miembros de la UE en el Consejo Europeo de los días 18 y 19 de octubre pone de manifiesto que no respeta ninguno de estos diez principios. Este texto es inaceptable, tanto por su método de elaboración como en su contenido.

1. Un método antidemocrático: los Attac de Europa proponían lanzar un proceso democrático para la elaboración y la aprobación de cualquier nuevo Tratado, que debería contemplar, entre otras cosas, la instauración de una Asamblea elegida por los ciudadanos; la participación efectiva de los parlamentos nacionales y la obligación de una ratificación mediante referéndum en cada Estado miembro. Deseaban también un Tratado corto, auto-explicativo en su texto y que pudiera ser comprendido por todos los ciudadanos. En vez de eso, tenemos, una vez más, un texto largo e ininteligible, redactado en la sombra, que se propone sea adoptado por vía parlamentaria en la mayoría de los Estados miembros, y ello por la vía rápida , impidiendo así cualquier debate público real.

2. Un funcionamiento cerrado: con excepción de algunos retoques de modesto alcance, el texto actual, sigue estando caracterizado por la confusión entre los poderes que gobiernan la Unión . El Parlamento Europeo permanece excluido del dominio de las decisiones que se refieren a importantes ámbitos de la vida comunitaria, y, sobre todo, privado de toda iniciativa legislativa. Por su parte, los parlamentos nacionales, incluso si están relacionados con un número limitado de ámbitos, no pueden pronunciarse sobre el fondo de los proyectos de las Directivas. La Comisión, órgano ejecutivo de la Unión, está dotada con poderes legislativos y judiciales, mientras que el Consejo sigue siendo un órgano legislativo, al mismo tiempo que es la reunión de los ejecutivos nacionales. Los grupos de presión seguirán desempeñando un papel esencial, y los miembros de la Comisión no podrán ser elegidos o cesados por los parlamentarios. El derecho de iniciativa ciudadana queda en una declaración de intenciones no definidas . En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), escapa a todo control democrático, y conserva como único objetivo la estabilidad de los precios, promovido al mismo rango que el resto de los objetivos de la Unión.

3. No se ofrece ninguna alternativa al neoliberalismo: la prensa ha hecho un gran alboroto en torno al tema de que la competencia "libre y no falseada" no figura ya entre los objetivos de la Unión. Ello representaría, se nos dice, la prueba de que se ha abandonado completamente el Tratado constitucional. Pero, a lo largo de los artículos, de los protocolos y de las declaraciones, nos damos cuenta que esta competencia sigue estando omnipresente, y que es imposible escaparse del modelo neoliberal. Es la competencia la que regula los servicios de interés económico general (SIEG) y que corre el riesgo extenderse al resto de los servicios públicos. Es esta competencia la que aún que sirve de excusa a la negativa de una armonización social y fiscal por arriba. El Tratado, tal como se presenta, no hace posible para los Estados otra elección que el del liberalismo desmandado.

4. Los derechos fundamentales siguen teniendo un alcance limitado: la Carta de Derechos Fundamentales no tiene en absoluto un "valor vinculante", pero estos derechos tienen además un alcance muy de limitado y su aplicación se remite a las "prácticas y legislaciones nacionales". Así la Carta no crea ningún derecho social europeo, contentándose con meras formulaciones que no comprometen a nada. Además, algunos Estados como Irlanda y Polonia prevén quedar dispensados de la aplicación de los derechos fundamentales, por muy limitados que sean, mientras que el Reino Unido ya lo está dispensado.

5. Un Tratado militarista y atlantista: la defensa común de la Unión solo se contempla en el marco de la OTAN, y el militarismo se fomenta oficialmente: "Los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares." "En nombre de la lucha contra el terrorismo, se fomentan incluso las intervenciones militares en el extranjero." Son algunos de los elementos que ya figuraban en el TCE y que han sido retomados palabra por palabra en el nuevo Tratado.

Este nuevo Tratado esta marcado, de principio a fin, por el neoliberalismo, tanto en los principios que promueve como en las políticas que predica. Los escasos puntos positivos no ponen de ninguna manera en entredicho el funcionamiento actual de la Unión y su profundo déficit democrático.

Es por esta razón por la que los Attac de Europa no pueden aceptarlo. Corresponde a los pueblos y a los ciudadanos europeos decidir su futuro, de ahí la necesidad de una ratificación del Tratado por referéndum en cada uno de los Estados europeos.

Madrid, 19 de Octubre 2007

Organizaciones de Attac Europa que al día de hoy han firmado esta declaración (siguen otras ) : Attac España, Attac Francia, Attac Alemania, Attac Italia, Attac Hungria, Attac Polonia, Attac Holanda, Attac Austria, Attac Portugal, Attac Finlandia

Enrique Dans, Libertad Digital

19/10/2007

Estas semanas se discute en el Parlamento la LISI, Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información, y algunos de los temas que han sido introducidos como enmiendas en el texto de la ley son verdaderamente de esos en los que nos jugamos el futuro. Y lo cierto es que, aunque cada día me siento más inseguro viendo como nos jugamos el futuro en procesos como el de la tramitación parlamentaria de las leyes, sujeto a arbitrariedades completamente inaceptables y que jamás pasaría las normas de calidad mínimas indispensables en cualquier empresa moderna (¿Por qué exigimos más profesionalidad en las empresas que en la política? ¿Por qué pueden aparecer y desaparecer cosas de los textos en medio de su tramitación, entre reunión y reunión, sin control alguno?), en esta ocasión se puede decir que las enmiendas propuestas no solamente son clave, sino que además cuentan con el respaldo de más de medio millón de profesionales, y han conseguido poner de acuerdo para su respaldo a cuatro grupos políticos distintos y de muy variado color.

Existen cuatro temas en particular que definen de manera directa la concepción de la sociedad de la información del futuro. En primer lugar, el referido a la preservación de la libertad de expresión y a la retirada de contenidos, que deberá, como corresponde a un país civilizado, ser ordenada por un juez, y no por quienes, como la SGAE , pretenden erigirse en autoridad competente cuando sólo son los defensores a ultranza de un modelo de negocio caduco. En segundo lugar, tenemos la liberación de la información pública para su uso, copia, modificación y redistribución en los mismos términos, algo de puro sentido común si atendemos tanto a la finalidad de dicha información, como a la imputación del coste de su generación (la pagamos todos, y debe ser, por tanto, de todos sin restricción). En tercer lugar, la universalidad de Internet como servicio, verdadera piedra de toque con la que se pretende garantizar la no exclusión de determinados segmentos de población. Y por último, aunque para mí sea lo más importante, algo crucial de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones: la neutralidad de los prestadores del servicio y su no injerencia en los contenidos.

La llamada net neutrality que se discute en esa enmienda pretende garantizar que los prestadores de servicio se comporten de la manera en la que está previsto que funcione Internet, en lugar de poder arrogarse el derecho de decidir qué contenidos circulan más rápido y cuáles más despacio en función de cuánto paguen. A estas alturas de película, la neutralidad de la red es algo tan sumamente fundamental que su eliminación daría lugar a un escenario profundamente grotesco, como el resumido en este hipotético cuadro en el que se ven una serie de ofertas con sus respectivos precios: si pagas tanto, puedes entrar en AOL, Disney y MSN, pero si quieres buscar con Google o Yahoo!, o entrar en la Wikipedia ya es algo más caro, y como quieras publicar con Blogger o colgar vídeos en YouTube, más caro todavía...

Una red impensable hoy en día, pero que si no garantizamos la neutralidad podría estar ya aquí: no olvidemos que muchas operadoras tienen ya ofertas de triple‑play en las que se incluyen servicios de televisión y otros contenidos y que, por tanto, cuentan con un importante incentivo para decidir, por ejemplo, que discriminan y no permiten el tráfico P2P, o que priorizan un buscador con respecto a otro. ¿Se imagina que su ordenador se negase a entrar en según qué sitios, porque a su proveedor de acceso no le diese la gana por no haber llegado a un acuerdo económico con éstos? ¿Que todo aquel que pretendiese innovar en Internet tuviese que pasar por el aro de pagar para poder poner su oferta de productos o servicios ante los ojos de todos los internautas? ¿Cómo pueden sostener seriamente unas operadoras a las que les sale el dinero por las orejas que, en caso de forzarlas a garantizar la neutralidad de la red, paralizarían la inversión en desarrollo de infraestructuras?

El simple planteamiento de esta condición, de semejante secuestro de los ciudadanos, resulta de por sí completamente inmoral y debería llevar a los abonados a defender ellos mismos sus derechos abandonando en bloque al primer operador que decidiese poner en marcha una medida que va tan radicalmente en contra del funcionamiento y de la concepción de Internet (como de hecho puso recientemente de manifiesto uno de los verdaderos "padres de Internet", Tim Berners-Lee, que seguramente algo sabe de todo esto).

Estas semanas, el Parlamento se pronuncia sobre la LISI, y las cuatro enmiendas mencionadas definen clarísimamente el modelo de sociedad de la información al que nos podemos dirigir. Y si bien el modelo al que queremos ir está bien claro –una red universal, con libertad de expresión, neutral y de todos–, lamentablemente, el partido en el gobierno ni ha apoyado estas enmiendas ni parece hacerlas suyas en modo alguno. Y lo que sí parece, en cambio, a tenor de lo visto hasta ahora, es ser mucho más sensible a las presiones de los lobbies de la industria de los contenidos y de las telecomunicaciones antes que a los deseos y derechos de los ciudadanos.

¿Nos dirigimos a una red en la que la SGAE es más poderosa que los jueces y las operadoras más poderosas que el mismísimo protocolo de Internet, o a una red universal, con libertad de expresión, neutral y de todos? ¿Su red, o nuestra red? Nada menos que todo esto es lo que se vota esta semana. Pongan sus antenas a punto y sintonicen sus transistores. Y a quienes no defiendan nuestros intereses, sino los de la SGAE y las operadoras, que los vote Rita (si no es internauta), y que Santa Tecla los maldiga.