Thierry Meyssan

10 de diciembre de 2007

Al cabo de dos años de prueba de fuerza en Washington, la administración Bush-Cheney acaba de ceder al aceptar una suspensión de las grandes operaciones militares, aunque no renuncia definitivamente a su política de rapiña global. Thierry Meyssan analiza y describe este cambio temporal de rumbo y evalua sus consecuencias internacionales.

El 29 de noviembre de 2007, el presidente George W. Bush anuncia su nuevo presupuesto militar y rechaza vincularlo a un retiro de Irak. A pesar de la retórica marcial, esto constituye un paso atrás. Fuente foto: White House.

Luego de varios meses de vacilación, Washington ha tomado la decisión final. Desde el principio del verano no se había emitido ninguna directiva destinada al «Gran Medio Oriente», fuera de lo tocante a la crisis pakistaní. Los conflictos empeoraban en Palestina, Líbano e Irak y se acumulaban los indicios más contradictorios en cuanto a Irán. Todos estaban a la espera de un pronunciamiento claro por parte de la Casa Blanca, sin que este acabara de tener lugar.

Attac España

9 de Diciembre de 2007

ATTAC informa a los ciudadanos y ciudadanas que las rebajas sistemáticas de impuestos no constituyen un beneficio para la ciudadanía.

ATTAC informa a los ciudadanos y ciudadanas que, contrariamente a lo que actualmente nos están trasmitiendo los líderes políticos del Gobierno de nuestro país y de la Oposición de derechas y centro-derecha, las rebajas sistemáticas de impuestos sobre las rentas, los beneficios de las empresas y las transmisiones patrimoniales, así como la pretendida abolición del impuesto sobre el patrimonio, no constituyen un beneficio para la ciudadanía, sino que en realidad implican un claro retroceso en la garantía de prestación de servicios públicos esenciales y de las infraestructuras públicas de las que nos beneficiamos todas y todos.

Si el Estado no dispone de ingresos suficientes no puede proveer y garantizar a los ciudadanos/as unos servicios públicos de calidad (educativos, sanitarios, pensiones, servicios sociales, redes viarias, transportes colectivos, de promoción cultural, o suministros). El deterioro de los servicios públicos, que lleva a su descrédito ante la ciudadanía, es el principal argumento que emplean en la actualidad muchos gobiernos para privatizar servicios esenciales, basándose en la falsa creencia, como a largo plazo se viene demostrando, de que la gestión privada es más eficaz.

Los ingresos fiscales son la base fundamental de los presupuestos públicos y constituyen una fuente de riqueza necesaria para el desarrollo de lo común, de lo colectivo y de los derechos sociales, para la cohesión social, el Estado de Derecho y el progreso económico y social. Así lo han entendido durante muchos años en Europa gobiernos de países con una mayor presión fiscal que España: la media de la presión fiscal en la Europa de los 15 es 5 puntos superior a la de España. Además estos mismos países conceden en sus presupuestos gran importancia al gasto social: la media del gasto social en estos países es 6 puntos superior a la española, y así han podido desarrollar políticas de bienestar más satisfactorias. Pero el Gobierno español quiere hacer creer a la ciudadanía que su política presupuestaria está generando tal superávit que es posible abordar la supresión de los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones, rebajas en los topes de IRPF y la reducción gradual del impuesto de sociedades, sin que ello implique la reducción del gasto público y el deterioro en los servicios públicos. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Bajo la presión de los centros del poder económico, que quieren que todo lo colectivo se mercantilice y pase a ser negocio, España sigue la pauta que el neoliberalismo está imponiendo en todo el planeta: una reducción progresiva de los impuestos directos y una tendencia, cada vez mayor, a ir descargando de responsabilidades y de gasto público en favor de la iniciativa privada para la prestación de Servicios Públicos.