José Antonio Pérez, ATTAC Madrid

28-04-2008 

La pobreza no es una condición necesaria de la condición humana, como sostiene la vulgar opinión acuñada por el cinismo antropológico.

La propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía (RBC) —un ingreso mínimo garantizado para todo el mundo, con independencia de cuales sean las circunstancias socioeconómicas de cada persona— suscita amor u odio a primera vista. Seduce de inmediato a todos aquellos que albergan un sincero deseo de poner fin aquí y ahora a la pobreza, sin esperar a que se cumplan las profecías de las distintas biblias políticas. Y al mismo tiempo, esta propuesta desencadena una cascada de iracundas críticas en los que comulgan con las sagradas formas del Orden Establecido. Un orden que, como todos sabemos aunque muchos prefieren ignorarlo para no tener que escuchar al implacable juez de su conciencia, está basado en la injusticia.

Entre las críticas más conspicuas contra la RBC destacan: 1) Con un ingreso garantizado nadie trabajaría; 2) No hay que dársela también a los ricos 3) Es economicamente inviable. El próximo martes 29 de abril, se celebrará en el Ateneo de Madrid una Conferencia/ debate, convocada por el Observatorio de RBC de Attac_Madrid, para analizar estos aspectos. También en este artículo discutiremos brevemente esas objeciones. Pero conviene aclarar de entrada que, al margen del carácter cuasi metafísico que adquieren a veces los debate sobre esta materia, todas esas críticas a la RBC se derrumban ante la evidencia de que un ingreso mínimo garantizado para toda la población se viene aplicando de manera real desde hace décadas en la región más septentrional del continente americano.

El ingreso garantizado: una realidad en Alaska

La mejor prueba de que una renta básica incondicional es posible es que una fórmula de ese tipo funciona de manera efectiva en el Estado de Alaska (EE.UU de América del Norte).

En los años 60, Jay Hammond, alcalde de Bristol Bay, una villa de pescadores, percibió el contraste entre la gran riqueza que salía de aquel lugar en forma del pescado y el hecho de que muchos de sus habitantes fueran demasiado pobres. El alcalde propuso aplicar un impuesto del 3% sobre el pescado para crear un fondo que pertenecería a todos. Tras las resistencias iniciales, el impuesto fue finalmente aprobado y el alcalde fue elegido gobernador del estado de Alaska. Junto a la pesca, el otro factor de riqueza de Alaska es la enorme reserva petrolífera.

En 1986, el gobernador Hammond dijo a sus 300.000 conciudadanos: “Hay que pensar no solamente en la generación presente, sino también en la futura. El petróleo, como otros recursos naturales, no son renovables. Vamos separar 50% de los royalties provenientes de la explotación de los recursos naturales para crear un fondo que será de todos”. La propuesta fue aprobada por la Asamblea Legislativa y también por un referendum popular. Desde los años 80 los recursos así obtenidos son invertidos en títulos de renta fija, acciones de empresas del propio Alaska, de los EE UU e internacionales y en inversiones inmobiliarios, que constituyen el Alaska Permanent Fund. (http://www.pfd.state.ak.us)

Cada persona residente en Alaska, de cualquier origen, raza, sexo o edad, tiene el derecho de recibir anualmente un dividendo social cuyo monto es variable en función del rendimiento obtenido por el Permanent Fund Dividend Application, el organismo gestor. En 2006, el dividendo fue de 1.106.96 dólares anuales.

En la década de los 90 del siglo XX, el Estado de Alaska distribuyó el 6% de su Producto Interior Bruto a todos sus habitantes, que actualmente llegan a 700.000. Como consecuencia, Alaska se tornó el más igualitario de todos los estados norteamericanos. De 1989 a 1999, el ingreso medio del 20% de las familias más ricas de los EUA creció un 26%. Del 20% de las familias más pobres creció un 12%. En Alaska, en el mismo período, el ingreso medio del 20% de las familias más ricas creció 7%; del 20% de las familias más pobres creció un 28%, cuatro veces más.

Una propuesta para acabar con la pobreza

La pobreza no es una condición necesaria de la naturaleza humana, como sostiene la vulgar opinión acuñada por el cinismo antropológico, sino una deliberada opción social. “Los pobres y los ociosos son un fruto necesario de los ricos y los activos”, hizo notar el monje veneciano Gianmaria Ortes, un temprano escritor económico del siglo XVIII.

Adam Smith, el gran mentor del liberalismo económico, en su obra Una Investigación sobre la Riqueza de las Naciones, escribió este lapidario análisis: “En las naciones de cazadores casi no hay propiedad, o como máximo no hay ninguna que supere el valor de dos o tres días de trabajo; y por eso no hay un magistrado permanente ni una administración regular de la justicia […]. Cuando hay grandes propiedades hay grandes desigualdades. Por cada hombre muy rico debe haber al menos quinientos pobres”.

Thomas Paine, un temprano defensor de los derechos humanos, también rechazó con contundencia que la pobreza sea una cualidad inherente a la condición natural del ser humano. Escritor y activista revolucionario que jugó un destacado papel en el proceso de independencia de los Estados Unidos de América del Norte, en 1776, Paine afirmó que: “Si ese estado que se llama orgullosamente, quizá de modo erróneo, civilización ha promovido más la felicidad general del hombre o la ha dañado más es una cuestión que puede ser fuertemente contestada. […]. Lo más opulento y lo más miserable de la especie humana se encontrarán en los países que se llaman civilizados”.

Pobres por real decreto

Como demuestra el panorama de la civilizada España actual, la pobreza no depende tanto del tamaño de la riqueza de una nación, como del cariz de las opciones políticas que adopten sus gobiernos. Con el mismo presupuesto se puede elegir entre comprar cañones o mantequilla.

En España hay ocho millones y medio de pobres. Entendiendo por tales aquellas personas con ingresos por debajo del umbral de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísitica. Estos pobres españoles lo son por decreto. Y esta afirmación no responde a mera retórica: se trata de personas que dependen de ingresos cuya cuantía ha sido deliberadamente establecida por debajo del umbral de pobreza por los políticos rectores del sistema de protección social. La acción de gobierno se sustancia a través de decretos. De manera que es por decreto como se establece la pobreza de millones de jubilados que reciben pensiones mínimas, de los perceptores de pensiones asistenciales y de quienes reciben prestaciones del subsidio por desempleo. Todos ellos son pobres en virtud de Reales Decretos-Leyes sancionados por el Jefe del Estado.

Algo parecido sucede con esas rentas de indigencia que los servicios sociales de las administraciones autonómicas facilitan a las personas que acreditan hallarse en situación de evidente pobreza. Salvo en el País Vasco, se trata de prestaciones situadas asimismo por debajo del umbral de pobreza. Para tener derecho a ellas, los interesados, al igual que los antiguos pobres de solemnidad, deben acreditar su pobreza sometiéndose a las severas y a menudo humillantes inspecciones que efectúan dichos servicios. Si superan lo que en el argot administrativo asistencial se conoce como prueba de recursos (means test) obtendrán entonces alguna de esas ayudas. Concedidas, eso sí, bajo ese principio de la hipocresía política que persigue la “inserción social” de los afectados.

Hacia un ingreso de ciudadanía

Quienes todavía entienden la acción de los servicios sociales como una administración de beneficiencia parecen haber olvidado que las ayudas inspiradas en las Poor Laws, las Leyes de Pobres Isabelinas de la Inglaterra de 1597, forman ya parte de la historia. Un genuino ciudadano no necesita ser insertado en ningún lugar, pues, por propio derecho, forma parte del cuerpo social en el que reside la soberanía. Por ello, en el pensamiento político avanzado cobra cada vez mayor fuerza la propuesta de establecer un ingreso de ciudadanía. O lo que es lo mismo: una renta pagada por el Gobierno, con carácter universal, que ofrezca a todas las personas la garantía de que no les ha de faltar un suelo material mínimo sobre el que construir una vida en libertad.

La primera formulación de este derecho se la debemos al mentado Thomas Paine, quien propuso crear un fondo nacional, del cual se pagaría a cada persona, al alcanzar la edad de veintiún años, “la suma de quince libras esterlinas, como compensación parcial por la pérdida de su herencia natural causada por la introducción del sistema de propiedad territorial. Y además, la suma de diez libras al año, de por vida, a cada persona actualmente viva de cincuenta años de edad, y a todos los demás cuando alcancen esa edad.” Nótese que el ingreso propuesto por el republicano Paine tiene un carácter de derecho civil, nada que ver con un socorro de pobres: “Al defender el caso de las personas así desposeídas —dice Paine— estoy haciendo un alegato por un derecho, y no por una caridad”.

Esta idea ha sido defendida posteriormente por eximias personalidades del mundo de la ciencia, como Norbert Wiener o J. Robert Oppenheimer. En la década de 1960, Milton Friedman, James Tobin, Paul Samuelson, John Kenneth Galbraith y otros notables economistas publicaron informes favorables a establecer un “impuesto negativo sobre la renta” (negative income tax). Un mecanismo a través del cual la tarifa del impuesto sobre la renta se reduce hasta llegar a anularse cuando se aplica a las categorías de ingresos más reducidos. A partir del momento en que la tarifa es cero, se convierte en una renta conforme los ingresos van disminuyendo.

La propuesta del ingreso garantizado se ha formulado bajo diversas denominaciones: dividendo social (social dividend); ingreso básico (basic income); ingreso garantizado (guaranteed income); ingreso ciudadano (citizen’s income); ingreso social (social income), (revenue social); rédito de ciudadanía (reditto de cittadinanza); salario del ciudadano (citizen’s wage), (bürgergehalt); subsidio universal (allocation universelle), (universal grant).

A partir de 1985, la idea fue relanzada con fuerza desde la Universidad de Lovaina por el colectivo Charles Fourier, liderado por Philippe Van Parijs y Robert Van der Veen. Este grupo fue el precursor del actual movimiento internacional Basic Income Earth Network (BIEN) que aboga por el establecimiento del ingreso garantizado definido como: Un ingreso pagado por el Estado a cada miembro pleno de la sociedad de forma absolutamente incondicional. Lo que que implica que lo recibirá cada persona: a) incluso si no quiere trabajar; b) sin tener en cuenta si es rico o pobre; c) sin importar con quien vive; d) con independencia de la parte del país en la que viva.

Una renta que no tenga la contrapartida del trabajo suscita abundantes críticas nucleadas en torno al tópico fácil de la holgazanería. Sin embargo, dos décadas de experimento neoliberal han bastado para evidenciar la quiebra social producida por un modelo económico generador de paro, precariedad y pobreza. Y la propuesta del ingreso básico ha vuelto en la actualidad por razones de índole práctico. Según Osmo Soinninvaara, ministro de Salud y Servicios Sociales de Finlandia: “La fuerza de trabajo no calificada no encuentra su lugar en el mercado laboral, lo que lleva a una tendencia de desempleo estructural creciente. Simultáneamente, la obligación de aceptar un ofrecimiento laboral como condición para recibir los beneficios por desempleo ya no funciona. Los empleadores no contratan a la gente sólo para disponer de su tiempo; quieren también su esfuerzo sincero”.

Por su parte, el Nobel de Economía Herbert A. Simon sostiene que, probablemente, no menos de un 90% de los ingresos generados en las sociedades ricas depende no de la productividad individual, sino del capital social. De manera que no carecería de fundamento moral abogar por un impuesto sobre la renta con tipos elevados, que devolviera la riqueza a sus auténticos propietarios: el cuerpo social en su conjunto.

Universalidad: derecho de ricos y pobres

Un ingreso garantizado para toda la ciudadanía incluye, es cierto, a los ricos. Mas no debiera pasarse por alto el pequeño detalle de que también incluye a los pobres. Los incluye como ciudadanos de primera, no como “insertables” de tercera. Una sutil razón para incluir a los ricos en la percepción de la renta básica es la de universalizar un derecho del que ellos ya disfrutan de todos modos, como es el de la obtención de rentas. Todas las grandes reformas sociales han tenido como aspiración de fondo la de extender al conjunto de la población el acceso —siquiera en su expresión mínima— a aquellas ventajas que ya estaban al alcance de los ricos: la atención médica, la enseñanza y la subsistencia en la vejez o en el accidente.

Adam Smith también fue muy claro en este aspecto: “En especial los ricos están necesariamente interesados en conservar un estado de cosas que pueda asegurarles sus propias ventajas […]. El gobierno civil, en la medida en que es instituido en aras de la seguridad de la propiedad, es en realidad instituido para defender a los ricos frente a los pobres, o a aquellos que tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna”.

La sociedad en su conjunto obtendría un mayor beneficio pagando también la renta básica a los ricos, que dejando que sean ellos, o sus delegados políticos y administrativos, quienes evalúen las necesidades ajenas y fijen la cuantía de las rentas mínimas y las condiciones de acceso a ellas. Un ejemplo de universalidad la proporciona el derecho al voto. Desde que se estableció el derecho al sufragio universal, los ricos, aunque siguen contando con poderosos medios de influencia, al menos no pueden impedir que los desfavorecidos entren en un colegio electoral. De manera similar, aunque los ricos no suelen frecuentar los hospitales públicos, gracias a la universalidad del derecho a la sanidad pública, los pobres pueden ser atendidos en los hospitales en calidad de ciudadanos, y no como receptores de una beneficiencia discreccional.

En este país hemos asistido a encendidos debates sobre la autonomía territorial, aunque nada se haya dicho sobre la libertad real de las personas. El ingreso de ciudadanía es el primer paso hacia un auténtico Estatuto de Autonomía Personal para todos los habitantes de España. La pobreza implica sometimiento, por lo que, con independencia de la bandera a cuya sombra transcurra su existencia, un pobre nunca podrá ser un ciudadano libre, ni pertenecer a otra nación que no sea el Reino de la Necesidad.

José Antonio Pérez, Coordinador delObservatorio Renta Básica, Attac Madrid