10 de septiembre de 2007

China no es el único Estado que ha identificado internet como el mayor factor de disidencia de los totalitarismos en la actualidad. Internet da dimensión espacial sin restricción, y posibilidad de interrelación a cualquier conciencia individual que tenga acceso a la red.

Por supuesto, ningún Estado es capaz de incluir fronteras que abarquen millones de conciencias en expansión. Esta afirmación no es nada retórica, el nomos del Estado, su “medida” física es en definitiva su modelo de poder basado en espacios físicos controlables, éstos conforman la naturaleza y los límites de su forma de legalidad. Por ello, el Estado territorial resulta desbordado, insuficiente, casi en quiebra cuando pretende introducir funciones del tipo prohibición, control o aplicación de fuerza coercitiva, propios de la soberanía usual, frente al espacio digital. No es fácil trasladar el modelo de represión de Tiananmen a la red.

Lo anterior les consta a muchos Estados antidemocráticos que han invertido un desproporcionado esfuerzo tecnológico y financiero para controlar el acceso de sus ciudadanos a la red, y que no han dudado, para quienes sortean esas restricciones tecnológicas, en aplicar la represión más brutal.

Sin duda, nada fuera de lo previsible según lo que conocemos de los tiranos, pero hay una ley universal y es que el autoritarismo no suele ser capaz de mantener desarrollos tecnológicos punteros propios, incluso los totalitarismos europeos y japonés en los años 30 fueron menos eficientes que las democracias. Cuando revisamos el caso de los Estados del mundo en desarrollo, no podemos dejar de preguntarnos una cuestión elemental: ¿cómo pueden tantos tiranos mantener sus precarios regímenes sobre la base de la represión tecnológica eficaz? La respuesta es que es el propio mundo democrático quien en definitiva provee a estas estructuras criminales de la más alta tecnología para destinarla a la represión. Estabilidad y control social son elementos que la alta tecnología hace posible para los Estados dictatoriales y esa adicción a la tecnología es abastecida por nuestras empresas.

Wang Xiaoning y otros activistas chinos de la red fueron literalmente entregados a la maquinaria policial china por la empresa Yahoo! ¿Las actividades de estas personas entregadas por empresas occidentales eran realmente criminales? Efectivamente: habían editado publicaciones digitales, querían tener voz en un mundo que quiere encogerse para quedar reservado exclusivamente a tiranías y empresas sin escrúpulos. El artículo 6 de la Declaración de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad de expresión, así como el artículo 19 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, las constituciones de los Estados a los que estas empresas pertenecen también reconocen el carácter fundamental e inalienable de ese derecho.

Universalidad

Es obvio comprobar cuánto debemos a ese tipo de empresas tan conscientes de que ayudamos a la derrota de nuestros derechos cuando negamos su universalidad, que en definitiva es su única justificación. Intentan hacer creer que un ámbito de derechos humanos puede coexistir, tolerar y colaborar en la supervivencia de regímenes antidemocráticos. En el tráfico de derechos humanos a cambio de royalties por tecnología ganan las dictaduras y las empresas implicadas, pero quienes pierden no son sólo las víctimas directas sino el capital de derechos sociales de nuestras sociedades, que toleran que derechos inalienables se conviertan en derechos relativos e incluso en materia de cambio y negociación.

Las empresas occidentales sólo pueden desarrollar sus productos tecnológicos y repartir y disfrutar sus ganancias en Estados de derecho, acceder libremente a conocimiento, recursos humanos, sin que las expropien o las condicionen en las democracias, allí sus directivos tienen sus propiedades y su existencia privada con derechos tutelados, pero aun así creen que su ventaja competitiva puede consistir en asociarse con regímenes criminales y convertir la colaboración con ellos en una buena fuente de beneficios.

En el caso de Yahoo!, el señor Wang y otros delatados han conseguido que se presente una demanda por daños a la District Court de San Francisco contra la empresa Yahoo! Inc. por haber proporcionado a la policía china contenidos de correos electrónicos privados, direcciones de correos electrónicos, datos de identificación que permitieron al Estado chino practicar torturas, detención arbitraria y trabajos forzados, entre otras molestias que el régimen totalitario se tomó con estas personas. La defensa de la empresa norteamericana de momento se fundamenta en obstáculos procesales y evita entrar en la justificación de su proceder.

El papel que juegan otras conocidas empresas informáticas occidentales no es más digno: Cisco Systems, Microsoft, Nortel Networks, Websense y Sun Microsystems han sido denunciadas desde el año 2002, entre otros, por informes de Amnistía Internacional precisamente por proveer al gobierno chino de tecnología que ha servido para la censura y el control de Internet en China y sobre todo para detener a personas por ejercer el derecho elemental de pensar y expresarse.

Así, la herramienta de Microsoft para blogear ha sido modificada para que no pueda publicar temas políticamente controvertidos, incluso esta compañía ha impedido el uso de palabras como libertad o democracia en algunas áreas de sus portales de internet de China, denuncia de la que se ha hecho eco la International Federation of Library Associations and Institutions.

No sólo los Estados son responsables de los actos ilícitos internacionales. Las empresas también. De hecho el Estatuto de la Corte Penal Internacional (artículo 25.4) deja claro que “nada de lo dispuesto en el presente estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al Derecho Internacional”. Como se puede ver, el reconocimiento del deber de reparación y la responsabilidad de un Estado por un hecho ilícito internacional parece un principio universal y reconocido. Las empresas que colaboran y se enriquecen con esos crímenes son también responsables. De la misma manera que la tragedia del genocidio efectuado por el gobierno nazi contra las minorías judías y otras acabó siendo indemnizado por el nuevo Estado alemán y numerosas empresas.

Responsabilidad

Este proceso que costó más de 45 años ha fundamentado la responsabilidad de aquellas empresas que se amparan en las estructuras políticas criminales, bien para disponer de recursos esclavos, o que se vuelven cómplices en su búsqueda de beneficios de la tortura o la represión inhumana efectuada por estructuras políticas. Es algo que en el acerbo jurídico de nuestras sociedades enseña que acaban siendo exigidas. Incluso aquellas aparentemente distantes en el tiempo como las reparaciones a los descendientes de esclavos que merecieron al menos una vía legal de argumentación por parte de la Corte de Apelación del Séptimo Circuito.

Si nos enfrentamos a estructuras impunes de poder para las que las libertades individuales y la posibilidad de autodeterminación política de la sociedad no son sino debilidades de las caducas democracias y con un espíritu oficial y formal, somos capaces de ceder al beneficio de lo que considere deber de defender.

¿Es China el campo de pruebas de las tecnologías de control de la red desarrolladas por algunos grupos de interés occidentales?

Internet y la informática abierta han hecho que los principios teóricos del gran Estado, donde poder estatal y derechos fundamentales se vendían en la misma bolsa, cayeran a los pies de quienes creen en los monopolios políticos y económicos y conciben la tecnología como un instrumento de control social y político. Pero el mundo de intereses que gira en torno al poder no descansa, tampoco en Europa. La Directiva 2006/24/EC del Parlamento y el Consejo de 15 de marzo de 2006 es una sutil norma al estilo de la Patriot Act, que obliga a que los proveedores de comunicación retengan la trazabilidad de las comunicaciones entre particulares. España se niega a ser parte “periférica” en esta corriente y así los artículos 11 y 1 del Proyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) suponen un asalto del control estatal sobre las libertades de la red, otorgando potestad a las “autoridades competentes” para solicitar la retirada de contenidos de Internet, siendo objeto de discusión si sería necesaria la autorización judicial para ello. Ante el espacio digital, la crisis del Estado contemporáneo parece que sólo encuentra respuesta, tanto para totalitarismos como para democracias, en el control sin control.

por José María Lancho

Actualización: Por su relevancia adjunto la demanda efectuada contra la empresa Yahoo! por varios ciberactivistas que acusan a esta empresa de haberlos entregado a la policía china aportando sus comunicaciones particulares y sus datos personales .