| AI, preocupada por la ausencia de la mujer inmigrante y rural |
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| Escrito por beu | |
| lunes, 28 de junio de 2004 | |
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Amnistía Internacional (AI) ha declarado hoy que "observa con preocupación" algunos vacíos legales en el anteproyecto de ley contra la violencia sobre las mujeres porque no aparecen reconocidas las mujeres rurales o las inmigrantes sin papeles. Agrega además que no existen estándares homogéneos de atención en todo el territorio nacional para las víctimas de la violencia contra las mujeres. Esta organización explica que envió a la Secretaria General de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, sus comentarios y propuestas al texto del anteproyecto y así y entre los puntos positivos destaca la iniciativa de elaborar una ley que se propone paliar el abuso de derechos humanos declarado por NNUU como el más universal de cuantos se producen en la actualidad, la violencia contra las mujeres. En cuanto a la protección apropiada por parte del Estado de los derechos humanos de todas las mujeres que viven en España, AI considera también positivo que se haya previsto la creación de la Delegación de Gobierno contra la violencia sobre la Mujer así como del Observatorio Nacional sobre Violencia contra la Mujer. También aplaude el que se contempla la creación de una Fiscalía General específica, porque a su juicio podría facilitar las investigaciones en este tipo de denuncias, aunque advierte que estarán pendiente de las funciones de dichos organismo. Asignatura sobre derechos humanos AI celebra igualmente que por primera vez se introduzca en la escuela secundaria con carácter obligatorio una asignatura sobre derechos humanos, basada en la igualdad y derechos de las mujeres. En su lista de preocupaciones, Amnistía Internacional señala que no hay referencias específicas a los colectivos de mujeres vulnerables: residentes en el medio rural, mujeres discapacitadas, inmigrantes indocumentadas o mujeres objeto de tráfico con fines de explotación. La organización lamenta que el anteproyecto de ley siga considerando a las mujeres como colectivo homogéneo y que no se incluyen de manera expresa unos estándares mínimos de prevención, investigación, protección, apoyo a las víctimas y reparación que se apliquen en todas las CCAA. El anteproyecto recoge la creación de juzgados de violencia sobre la mujer para atender la violencia sobre las mujeres sólo en el ámbito familiar, dejando fuera situaciones de violencia contra las mujeres como agresiones sexuales, acoso sexual, o tráfico con fines de explotación sexual. En lo referente a las mujeres inmigrantes indocumentadas, AI observa que no se contemplan las dificultadas concretas con las que se encuentra este colectivo. Amnistía Internacional tiene constancia de que existen trabas para el acceso de estas mujeres a la asistencia jurídica gratuita, a la red pública de centros de emergencia, casas refugio y pisos tutelados, y a la prestación económica derivada de la orden de protección en casos de escasez de recursos. Tráfico de mujeres Respecto a las víctimas de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, es importante destacar que no existe ninguna previsión en el anteproyecto destinada a mejorar la situación de estas víctimas. En cuanto a la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos de las mujeres afirma que hay graves carencias porque no se contempla la intervención de médicos forenses, cuando se trata de casos en los que el único testigo es la propia víctima. Tampoco, añade, se especifican medidas de protección dirigidas a asegurar los derechos humanos de víctimas y testigos de procesos judiciales por estos delitos. Por último, Amnistía Internacional ve con preocupación que las medidas de apoyo a las víctimas se enmarcan sólo en el ámbito de los servicios sociales y no existe ninguna previsión en materia de reparación adecuada en el ámbito judicial. Artículo original: Telépolis |
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