Juan Hernández Vigueras, Attac Madrid

La F-1 es hoy un gran negocio financiero gestionado mediante sociedades offshore de Jersey y de Liechtenstein que lo rentabilizan al margen de los pilotos y facilitan los acuerdos con los gestores públicos.

Mientras la falsa crispación desalienta a los ciudadanos ante la política, el poder financiero global interviene cada vez más descaradamente. En Febrero de 2003, en vísperas de la guerra de Irak, Jeb Bush, el hermano gobernador de Florida, agradecía en Madrid su acogida por el “Presidente de la República española” (eso dijo) y ponderaba las oportunidades de negocio que se abrían para las empresas españolas. En Mayo 2007, varios millones de españoles vimos y escuchamos en TV al patrón de la Fórmula Uno, el magnate británico Bernie Ecclestone, diciendo que Valencia tendrá el Campeonato solamente si el PP gana las elecciones allí. Sería el Campeonato de Europa porque el Campeonato de España se celebra en Montmeló. Y con su patriotismo renacido, la derecha valenciana de Camps y Barberá y la nacional de Rajoy, expresaron públicamente su satisfacción confiando en los ciudadanos “sensatos”.

Un par de días después, el presidente del Consorcio del Circuito catalán, Carod Rovira, y el mismo magnate británico anunciaban que el contrato con la F-1que finalizaba en 2011 quedaba ampliado hasta 2016 para continuar organizando el Gran Premio de España. Carod incluso declaró que considera positivo los acuerdos de Valencia y de Cataluña porque "reforzará el área mediterránea como referencia mundial de la Fórmula 1" (La Vanguardia 13/5/2007) aunque no precisó si aludía al Norte o al Sur del Mediterráneo.

Tom Kucharz, Attac Madrid

 14 mayo 2007 

Numerosos estudios han señalado que nuestro modelo occidental de producción y consumo es completamente insostenible

“Cuando las dinastías pusieron la grandeza del poder por encima de la grandeza de la vida, la delgada tierra y la tupida selva no bastaron para alimentar, tanto y tan rápidamente, las exigencias de reyes, sacerdotes, guerreros y funcionarios. Vinieron las guerras, el abandono de las tierras, la fuga a las ciudades primero, y de las ciudades después. La tierra ya no pudo mantener el poder. Cayó el poder. Permaneció la tierra. Permanecieron los hombres sin más poder que el de la tierra.”

Carlos Fuentes, “Los Cinco Soles de México”

La tierra ha sido disputada a lo largo de la historia porque es uno de los bienes comunes así como de los medios de producción y de vida más importantes. Durante el Feudalismo, por ejemplo, la propiedad de la tierra era adquirida, consolidada y defendida mediante guerras que libraban los señores feudales para perpetuar y ampliar sus dominios de poder económico y político. La creación de ciudades y núcleos urbanos con el consiguiente abandono del mundo rural, así como de la agricultura como fuente de empleo y modo de vida, ha sido uno de los procesos que más ha transformado nuestra sociedad global. En los últimos dos siglos la Revolución Industrial, el capitalismo y la globalización aceleraron este proceso urbanizador provocando fuertes ciclos de migraciones del campo a la ciudad (y entre países y continentes), graves injusticias y una alarmante crisis medioambiental. Por primera vez en la historia de la Humanidad la población urbana supera hoy a la rural. Sólo en China se incitó el desplazamiento de unos 300 millones de habitantes del campo a las áreas urbano-metropolitanas en los últimos treinta años, el proceso de urbanización más rápido de la historia. “Esta creciente concentración urbana no ha sido, ni es, una dinámica natural”, como explica Ramón Fernández Durán, sino “ha sido consecuencia principalmente de un cúmulo de procesos impulsados históricamente desde las estructuras de poder (entre ellos, apropiaciones de tierras y recursos naturales comunales), que han ido separando a las comunidades humanas de su vínculo ancestral con su entorno”. [1] Vale la pena recordar que en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, la industria textil inauguró el tránsito de la obra manual a la producción mecanizada, la tierra que se empleaba para producir comestibles resultaba ahora mucho más lucrativa como campo de pastoreo para el ganado lanar [2] (casos parecidos se registran hoy en Argentina, por ejemplo, donde la empresa Benetton invadió ilegalmente tierras de indígenas Mapuche para su obtención de lana), había escasez de alimentos y los campesinos se vieron obligados por la pobreza a agolparse en las ciudades donde trabajaron por salarios miserables y en condiciones esclavizantes.

Pero, aunque la tierra cedió el primer puesto como fuente de ingresos monetarios a la fábrica, al comercio y más tarde a los servicios, actividades mafiosas y a la especulación financiera, no dejó nunca de ser disputada. Fue y es continuamente arrebatada a las personas que la trabajan, la preservan y viven en ella por los Estados y los grupos económicos. Incontables poblaciones indígenas y campesinas de todo el mundo han sido y son amenazadas, masacradas y desplazadas. Diariamente aparecen noticias que relatan la demanda de una distribución equitativa de tierras, la represión contra el movimiento campesino, muertes selectivas de líderes indígenas, las protestas y ocupaciones para exigir la reforma agraria y cambios en la política económica, conflictos por la falta de agua, etc. Mientras a lo largo de los últimos dos siglos gran parte de la población mundial se concentraba en las ciudades [3] -perdiendo su relación con el territorio- los que concebían la Pachamama (quechua: “Madre Tierra”) no como un simple “material desmenuzable que compone el suelo natural” o un “terreno dedicado a cultivo”, sino como el lugar en el que se nace y se defiende el derecho a una vida digna y en armonía con la naturaleza, fueron despojados de sus derechos y expropiados de sus tierras.

Attac España

1 de mayo de 2007

 El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales ( sindicatos CCOO y UGT y CEOE, Cepyme) sobre el texto de anteproyecto de Ley que modificará la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.Según este acuerdo, el Gobierno está estudiando la posibilidad de lanzar al mercado y entregar parte del dinero del Fondo de Reserva de las pensiones a gestores privados para diversificar sus inversiones, con el fin de mejorar su "rentabilidad ".

Attac España quiere expresar su desacuerdo con el anteproyecto de Ley y alertar a la opinión pública sobre las consecuencias previsibles del mismo . Por ello manifestamos:

En definitiva , son una vez más los criterios de la rentabilidad bursátil y del mercado los que , a juicio del Gobierno y de nuestros agentes sociales , se quiere primar a la hora de gestionar el futuro de la "hucha" de las pensiones. Una hucha de más de 40.000 millones de euros - el 4,1% del PIB español - que hemos ido llenando todos los españoles y cuya gestión, distribución de excedentes y control de los mismos se escapa cada vez más a la voluntad y decisiones de los ciudadanos . Mientras tanto en nuestro país persisten unos niveles medios de pensión indignos e indefendibles y unos desequilibrios y déficits inaceptables en materia social y de distribución de los recursos económicos.

Si el Gobierno persiste en aprobar unilateralmente este proyecto Attac promoverá una movilización ciudadana. Un cambio de esta envergadura en la utilización financiera de los fondos del sistema de pensiones requeriría en todo caso un amplio debate en la sociedad, preguntándoles a los ciudadanos españoles qué destino quieren dar a esas importantes sumas de dinero

Nuestra propuesta alternativa para garantizar el futuro de las pensiones es que el gobierno corrija las políticas fiscales que viene realizando y que implemente medidas necesarias para incrementar el erario público. En este sentido debería dejar de rebajar los impuestos sobre los beneficios de las grandes empresas y compañías transnacionales, las cuales multiplican sus beneficios año tras año. También debería aumentar los impuestos sobre los beneficios del capital financiero, así como los recursos de la administración tributaria para combatir la evasión y el fraude fiscal, medidas que asegurarían un incremento muy significativo del erario público.

Que las pensiones estén garantizadas y no peligren, sólo depende de la voluntad política de los gobiernos para implementar sistemas fiscales más justos. En ese sentido si llegara a darse una situación de déficit en los fondos de pensiones públicos, este habría de ser cubierto con partidas de los presupuestos generales del Estado. Unas pensiones dignas son un derecho de los trabajadores, más allá del sistema de satisfacción intergeneracional, y que debe de ser garantizado.

Carlos Sánchez Almeida, Bufet Almeida

09-05-2007

1.   De aquellos polvos, estos lodos

Año 2000.   Gobernaba España el Partido Popular, que gozaba desde marzo de aquel año de una envidiable situación de mayoría absoluta, que le permitía gobernar sin necesidad de alianzas con otros partidos.  Al frente del recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología se encontraba la brillante profesional Anna Birulés, escoltada por dos hombres fuertes del think-tank de José María Aznar: Baudilio Tomé y Borja Adsuara, muy vinculados a la fundación FAES, y que ocupaban respectivamente la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

Se había aprobado en fechas recientes la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, sobre el comercio electrónico.  Una directiva ésta cuyo objetivo fundamental era la armonización de las diferentes legislaciones nacionales, para que sus diferencias no afecten al tráfico económico y los principios que rigen en el ámbito de la Unión.

Los  Considerandos de la Directiva indicaban claramente que sus medidas se limitaban al mínimo necesario para conseguir el objetivo del correcto funcionamiento del mercado interior, garantizando que no existan fronteras interiores para el comercio electrónico.  La Directiva era respetuosa con la libertad propia de Internet, en especial en sus considerandos, donde se afirmaba que no estaba destinada “a influir en las normas y principios nacionales fundamentales relativos a la libertad de expresión.”

Todos los principios de la Directiva fueron conculcados por el Gobierno del Partido Popular al trasponer la norma comunitaria al ordenamiento jurídico español.  Allí donde la Directiva establecía el principio de no autorización previa, los primeros anteproyectos de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) establecían la obligación de inscribirse en un registro especial.  Del mismo modo, se regularon otros aspectos no cubiertos por la directiva, entre los que destacan la obligación de retención de datos de tráfico impuesta a determinados proveedores, así como los criterios de atribución de responsabilidad por hipervínculos, ausentes del texto de la Directiva.  Finalmente, no se plasmó en el texto de la Ley un punto esencial de la norma comunitaria: la no exigencia de un deber general de supervisión de contenidos.

El artículo 8 de la LSSI fue sin duda el más problemático, puesto que en sus primeras versiones permitía la extralimitación de la autoridad administrativa, vulnerando lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución, que dispone que sólo pueden secuestrarse publicaciones mediante orden judicial.    El propio Grupo Parlamentario Popular tuvo que rectificar el proyecto, ya en el Parlamento, para establecer  la necesidad de intervención del Poder Judicial en casos que afectasen al derecho fundamental a la Libertad de Expresión.

Finalmente, la LSSI fue aprobada como Ley 34/2002, de 11 de julio, y entró en vigor el 12 de octubre de 2002.  Sus múltiples deficiencias, sobre todo las relativas a la responsabilidad por contenidos ajenos  (transmisión, caché, alojamiento de datos e hiperenlaces), ocasionarían en los años siguientes buen número de paradojas judiciales.  No en vano se había establecido, de forma totalmente arbitraria e irracional, una doble vara de medir.  Dos sistemas distintos de imputación de responsabilidad, dos leyes de prensa: una para el mundo real y otra para el mundo digital.

Carl Bloice, Zmag

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

09-05-2007

USA bombardeó Somalia mientras el Foro Social Mundial tenía lugar en Kenia y tres días antes de una gran acción contra la guerra en Washington, el 27 de enero. Nunu Kidane, coordinadora de la red para Red Prioridad para África (PAN, por sus siglas en inglés) estaba presente en Nairobi, y después de volver a casa exigió enérgicamente que “se explique el silencio del movimiento por la paz de USA sobre Somalia.”

Escribiendo en el periódico comunitario de San Francisco Bay View, sugirió un motivo que considero válido: “Tal vez las organizaciones basadas en USA no tienen el marco analítico adecuado desde el cual puedan comprender la importancia de la región del Cuerno de África. Tal vez sea porque Somalia es generalmente visto como un país sin gobierno y en caos perpetuo, con fuerzas “islámicas fundamentalistas” que no merecen ser defendidas contra los ataques militares de USA a la búsqueda de “terroristas.” A eso, yo agregaría: el importante papel de los medios de USA en la preparación para la invasión y los sufrimientos que ahora tienen lugar en el Cuerno de África. “La carnicería y el sufrimiento en Somalia podrán ser los peores en más de una década – pero difícilmente lo puedes llegar a saber de tus noticias de cada noche,” escribió Andrew Cawthorne desde Nairobi para Reuters la semana pasada. Democracy Now! de Amy Goodman examinó recientemente la cobertura de ABC, NBC y CBS de Somalia en las noticias de la noche desde la invasión. ABC y NBC no habían mencionado para nada la guerra. CBS mencionó una vez la guerra, dedicándole un total de tres frases. Esto, a pesar del hecho que ha habido más víctimas en esa guerra que en los recientes combates en el Líbano.

Naomi Klein, Sin Permiso

  Traducción para www.sinpermiso.info: Amaranta Süss

08-05-2007

No es el acto en sí mismo; es la hipocresía. Tal es la línea que sobre Paul Wolfowitz viene marcándose desde las páginas editoriales del mundo entero. No es ninguna de las dos cosas: ni el acto (saltarse las reglas para aumentar la paga de su novia), ni la hipocresía (el hecho de que la misión de Wolfowitz en el Banco Mundial fuera la de luchar por la “Buena Gobernanza”).

Empecemos con el problema de la pretendida hipocresía. “¿Quién quiere recibir lecciones de alguien que dice: ‘haz como te digo y no como yo hago’”?, preguntó un periodista. Nadie, claro está. Mas eso es precisamente una descripción harto ajustada del póquer de despojo unilateral que es nuestro sistema de comercio global, juego en el que EEUU y Europa –a través del Banco Mundial, el FMI y la OMC— dicen al mundo en desarrollo: “Bajad vuestras barreras comerciales, que nosotros mantendremos las nuestras levantadas”. Desde subsidios agrícolas hasta el escándalo del Dubai Ports World, la hipocresía es el principio y la directriz de nuestro orden económico.

El único crimen de Wolfowitz ha sido hacer suya la postura de la institución internacional que dirigía. El hecho de que haya respondido al escándalo contratando a un abogado célebre y saliendo a comprarse un “entrenador” de liderazgo, no deja de ser una prueba de que le ha calado en lo más hondo el estilo del Banco Mundial: en caso de duda, gástate el presupuesto en consultores carísimos, y llámalo ayuda.